El sistema de justicia penal en México enfrenta retos importantes en la transición de denuncias a sentencias. De acuerdo con el flujo procesal de la Fiscalía General de la República para 2025, una proporción significativa de los casos se queda en etapas intermedias, lo que evidencia limitaciones estructurales en investigación, integración de expedientes y seguimiento judicial.
En una primera etapa, la tasa de determinación alcanza el 60.38%, lo que implica que más de la mitad de las carpetas de investigación se concluyen o resuelven en esta fase inicial (82,880 casos).
Sin embargo, el proceso se reduce de forma considerable en las siguientes etapas: sólo el 16.18% de los casos se judicializa (22,054), y aún menos llegan a una vinculación a proceso, con 9.26% (12,626).
Finalmente, la tasa de sentencia se ubica en apenas 7.15%, equivalente a 9,738 casos, lo que refleja la magnitud de la caída en el avance de los expedientes.
Además, el sistema arrastra un volumen importante de rezago, con 136,256 carpetas en trámite, lo que presiona aún más la capacidad institucional. Este acumulado sugiere que no sólo hay dificultades para llevar los casos hasta una sentencia, sino también para procesarlos con la velocidad necesaria.
Las cifras reflejan cómo incluso de los delitos que sí se denuncian en el país, el problema va más allá: existe un desafío para fortalecer cada eslabón del proceso para garantizar que los casos no se queden en el camino.
