La informalidad laboral genera efectos que van más allá de la falta de protección social. También está asociada con salarios más bajos, menor productividad, así como mayor vulnerabilidad económica. Su afectación tampoco es homogénea. Mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles educativos y adultos mayores son más propensos a trabajar en la informalidad. De igual forma, los empleos disponibles en zonas rurales y aquellos que ofrecen las empresas pequeñas tienen mayor probabilidad de ser informales. En consecuencia, las personas que trabajan en informalidad laboral tienen un riesgo mayor de caer en pobreza.
A nivel regional, la historia demuestra que revertir este problema es posible. De acuerdo con la OCDE, en su estudio Ampliar la protección social y combatir la informalidad en América Latina, a inicios de los ochenta la informalidad en Brasil superaba el 60%. En Perú, rebasaba el 90% en 2004, y en Colombia rozaba el 70% en 2008. Para el 2023, las tasas habían descendido a menos del 40%, cerca del 70% en Perú y alrededor del 60% en Colombia. Hoy, países como Uruguay y Chile tienen los mejores niveles de informalidad en la región, con tasas inferiores al 30 por ciento.
Lamentablemente, la trayectoria de México se ha mantenido rezagada. Aunque la informalidad pasó del 60% en 2008 al 55% en 2025, el ritmo de avance es insuficiente y los datos recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encienden las alarmas. En 2024 y 2025 se registraron los niveles más bajos de creación de empleo formal de la última década (excluyendo el periodo de pandemia). En ese mismo lapso, el número de patrones registrados cayó 1.7% y 2.4%, respectivamente. A esto se suma una estructura frágil del tejido empresarial, pues en 2025, el 94% de los patrones registrados correspondía a micro y pequeñas empresas, frente a un escaso 4.7% de medianas y apenas 1.2% de grandes empresas, evidenciando una riesgosa concentración en la base productiva del país.
La informalidad no se presenta de manera uniforme entre entidades federativas. Coahuila y Nuevo León registran tasas de formalidad superiores al 65%, impulsados por la actividad manufacturera (sector que más empleos formales genera en el país) y la orientación exportadora que exigen estándares de formalización. En el extremo opuesto, Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan tasas de formalidad inferiores al 25%. La brecha entre Coahuila y Oaxaca alcanza los 45.2 puntos porcentuales: mientras que en los estados del norte dos de cada tres trabajadores cuentan con empleo formal, en el sur la proporción cae a sólo uno de cada cuatro.
Atacar la informalidad es un reto complejo y multifactorial. Se entrelaza con el rezago educativo, la tramitología asfixiante, las altas cargas fiscales y de seguridad social, la baja productividad, la inseguridad y la mala calidad de los servicios públicos. ¿Por dónde empezar? Existe coincidencia en que reducir o subsidiar las elevadas cuotas a la seguridad social podría generar un alivio inmediato para los empleadores, aunque ello implica que el gobierno asuma importantes retos fiscales. Al respecto, la OCDE plantea aplicar tasas de cotización progresivas, con tasas más bajas para los trabajadores con bajos ingresos (en particular aquellos que están cerca del salario mínimo). En el caso de los trabajadores con ingresos más altos, el aumento gradual de las tasas de cotización contribuiría a garantizar la sostenibilidad del esquema.
En Colombia, por ejemplo, en el 2012 se aprobó una reforma que eliminó las contribuciones de los empleadores al sistema de salud, equivalentes al 8.5% de la nómina, y las destinadas al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que representaban el 2% y el 3% de las nóminas de las empresas, respectivamente. De acuerdo con Estudios Económicos de la OCDE: Colombia, la medida benefició a empleados con salarios menores a diez salarios mínimos mensuales (cerca del 98% de los trabajadores formales). En conjunto, estas modificaciones redujeron la tarifa original del 29.5% sobre el salario al 16%. Según el mismo documento, la reforma disminuyó la tasa de informalidad entre 2 y 4 puntos porcentuales, y sus efectos sobre la formalización fueron mayores en empresas más pequeñas.
No cabe duda de que hay un sinfín de posibilidades disponibles para frenar la informalidad. Sin embargo, lo peor que puede hacer México es caer en la inacción y dejar que el mercado laboral se siga deteriorando por exceso de costos y falta de incentivos. Según estimaciones de la OCDE, el nivel de informalidad en México ya supera al de economías como Santa Lucía, Guyana, Surinam, República Dominicana y Panamá. Revertir esa tendencia exige modificar las condiciones que desincentivan la formalidad para empresas y trabajadores. De lo contrario, el país corre el riesgo de perpetuar un mercado laboral que reproduce la precariedad y compromete el bienestar de su población.
