La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada en Colombia (Confevip) presentó este viernes 30 de octubre una propuesta para construir nuevos establecimientos penitenciarios en el país mediante alianzas público-privadas (APP).
La iniciativa, expuesta por Hugo Acero Velásquez durante el IX Congreso Internacional de Seguridad del gremio, busca que el Gobierno nacional evalúe la participación de empresas privadas en la construcción, administración y mantenimiento de infraestructura carcelaria.
La propuesta se conoce luego de que el Gobierno anunciara su intención de construir diez nuevos establecimientos penitenciarios en el país. Ante este escenario, el gremio planteó abrir un espacio de diálogo con las autoridades nacionales y territoriales para estudiar cómo los recursos empresariales, tecnológicos y administrativos del sector privado podrían contribuir a ampliar la capacidad del sistema carcelario.
"El país requiere infraestructura y por eso la alternativa de desarrollarla a través de financiamiento público-privado es posible", afirmó Acero durante su intervención.
El expositor es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y fue secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, además de subsecretario de Seguridad de la capital. También ha trabajado como asesor de entidades nacionales, gobiernos locales y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en temas relacionados con seguridad y convivencia.
Durante su presentación, Acero explicó que la construcción de nuevas cárceles debe contemplar no solo la capacidad para recibir a la población privada de la libertad, sino también una administración profesional, mecanismos de vigilancia y programas que permitan avanzar en los procesos de resocialización.
"Hay que sancionar a los delincuentes, sí, pero no hay que almacenarlos", expresó.
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Uno de los ejes de la iniciativa es incorporar herramientas tecnológicas para supervisar las actividades dentro de los establecimientos penitenciarios y fortalecer los procedimientos de seguridad. La propuesta incluye sistemas electrónicos para controlar puertas y esclusas, cámaras de videovigilancia y mecanismos de supervisión remota.
Para explicar el funcionamiento de este esquema, Acero tomó como referencia la experiencia de la Cárcel Distrital de Bogotá, donde los procedimientos tecnológicos permiten diferenciar las labores de vigilancia de las acciones relacionadas con la apertura y autorización de accesos.
"La guardia no maneja puertas, la guardia no maneja esclusas, la guardia no maneja cámaras", señaló al describir el sistema.
De acuerdo con su explicación, estas herramientas permiten llevar registros de las aperturas que se realizan dentro de los establecimientos, identificar movimientos por fuera de los horarios establecidos y generar alertas para verificar posibles irregularidades.
La propuesta también contempla estudiar la implementación de sistemas de inhibición de señales para limitar las comunicaciones no autorizadas desde el interior de las cárceles. Sobre este punto, Acero mencionó desarrollos tecnológicos que, según explicó, permitirían concentrar la inhibición en las instalaciones penitenciarias y evitar interferencias en las comunicaciones de las comunidades cercanas.
Estos recursos estarían integrados a protocolos de administración, vigilancia y disciplina interna. El planteamiento establece que los establecimientos deben permanecer bajo control del Estado y operar con respeto por los derechos humanos.
Otro de los componentes del modelo está relacionado con la formación y especialización de los trabajadores que participarían en la administración y funcionamiento de las cárceles.
La iniciativa contempla contar con equipos diferenciados para las labores de administración, custodia, vigilancia, atención psicosocial y acompañamiento de los procesos de resocialización.
"Hay que profesionalizar la administración, la guardia, el personal de resocialización", sostuvo Acero.
Durante su exposición, el especialista se refirió a las dificultades que enfrentan los procesos de reintegración social cuando las personas privadas de la libertad permanecen en espacios que no cuentan con condiciones adecuadas de alojamiento y atención.
Por esa razón, planteó que la infraestructura penitenciaria debe permitir el cumplimiento de las sanciones y las labores de custodia, pero también garantizar condiciones que contribuyan a preservar la salud física y mental de quienes permanecen recluidos.
En ese sentido, el modelo incluye la capacitación permanente del personal, la continuidad de los servicios de vigilancia y la supervisión de las actuaciones de quienes tienen responsabilidades dentro de los establecimientos.
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La presentación también contó con la participación de Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, quien se refirió a la posibilidad de que las empresas del sector de la seguridad privada intervengan en el desarrollo de proyectos relacionados con la infraestructura penitenciaria.
"Esto es un gran avance, un paso gigante", manifestó Díaz al cierre de la conferencia.
El dirigente gremial invitó a las compañías interesadas a explorar su participación en este tipo de proyectos como "socios de inversión, socios de administración". También destacó la experiencia y asesoría de Hugo Acero como parte del proceso para continuar estructurando la propuesta.
Confevip planteó poner a disposición del Gobierno nacional y de las autoridades territoriales las capacidades de sus empresas afiliadas, así como el conocimiento de aliados internacionales en diferentes áreas relacionadas con el funcionamiento de las cárceles.
Entre los campos en los que el sector privado podría aportar se encuentran:
-Construcción: participación en el desarrollo de nuevos establecimientos penitenciarios.
-Tecnología: incorporación de sistemas electrónicos de vigilancia, control de accesos y supervisión.
-Administración: gestión profesional de los establecimientos y sus procedimientos internos.
-Mantenimiento: atención de la infraestructura y continuidad de los servicios necesarios para su funcionamiento.
El gremio busca que esta alternativa sea evaluada dentro de los planes de ampliación de la infraestructura carcelaria anunciados por el Gobierno. Para avanzar, propone establecer mesas de trabajo con las autoridades que permitan definir las condiciones técnicas, institucionales y operativas de una eventual alianza público-privada.
La iniciativa, presentada durante el IX Congreso Internacional de Seguridad de Confevip, que reúne durante dos días a empresarios y expertos para analizar los desafíos del país en seguridad y justicia, plantea la participación del sector privado como una alternativa para apoyar el desarrollo de nuevos establecimientos penitenciarios, sin que esto implique retirar al Estado su responsabilidad sobre el sistema carcelario.
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