Un juez guatemalteco cerró este viernes un caso por terrorismo contra cuatro líderes indígenas, incluido un viceministro, que impulsaron protestas en 2023 contra una fiscal que intentó impedir la posesión del presidente Bernardo Arévalo.
El viceministro de Energía, Luis Pacheco, y Héctor Chaclán, considerados "presos de conciencia" por Amnistía Internacional, y otros dos dirigentes estaban acusados de terrorismo por las manifestaciones que incluyeron corte de rutas en la capital y varias regiones.
Los cargos fueron formulados por la fiscalía general que dirigió hasta mayo pasado Consuelo Porras, sancionada por decenas de países, encabezados por Estados Unidos, que la tildan de corrupta y antidemocrática.
Durante un mes de protestas, miles de guatemaltecos pidieron la renuncia de Porras, tras investigaciones de su despacho que pusieron en duda la posesión del mandatario socialdemócrata en enero de 2024.
"La evidencia no permite encontrar fundamentos serios para que ellos sean sometidos a debate oral y público", dijo el juez Mynor Moto, al ordenar el "sobreseimiento" del caso.
Varios de los presentes en la sala aplaudieron la decisión, mientras que los líderes se abrazaron con sus abogados y otros allegados.
La fiscalía, dirigida ahora por Gabriel García Luna, había solicitado el jueves cerrar el caso por considerar que no se cometieron delitos durante las protestas.
Pacheco y Chaclán, líderes de la organización 48 Cantones de Totonicapán, fueron detenidos en abril de 2025 y luego de 15 meses quedaron bajo arresto domiciliario.
Porras dejó la fiscalía después de ocho años al fracasar en sus intentos por ser reelegida y llegar a la máxima corte.
El nuevo fiscal, designado por Arévalo, anunció al asumir el puesto una revisión de casos abiertos por su antecesora contra exfiscales, periodistas, activistas de derechos humanos y otras personas que han sido denunciados como arbitrarios.
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